a intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional comenzó a mostrar rápidamente sus efectos más profundos. A través de la Resolución N.º 04/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió la gestión operativa, técnica y administrativa del principal puerto fueguino, desplazando a la provincia y reconfigurando por completo el manejo de recursos estratégicos.
En primer lugar, la resolución establece que la ANPyN pasa a actuar como Autoridad Portuaria Nacional y Unidad Ejecutora de la intervención. En consecuencia, toda gestión, trámite o consulta vinculada al Puerto de Ushuaia queda bajo control exclusivo del organismo nacional, anulando cualquier injerencia administrativa local. Sin embargo, más allá del control político, el verdadero núcleo del conflicto aparece en el plano financiero.
En efecto, junto con la intervención, la ANPyN notificó a los prestadores locales un cambio clave: los pagos por los servicios portuarios ya no quedarán en la órbita provincial. Por el contrario, deberán transferirse de manera obligatoria a una cuenta bancaria de la Administración General de Puertos S.A.U., una empresa estatal nacional. Según los abogados consultados por EDFM, esta decisión constituye un desvío directo de fondos producidos en Tierra del Fuego hacia Nación.
La comunicación oficial enviada por la ANPyN a los prestadores expresa textualmente:
“De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, se informa que, en virtud de la Resolución Nro. 04/2026 dictada por la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPyN), mediante la cual se dispuso la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia, la citada Agencia ha asumido la gestión operativa, técnica y administrativa del mencionado puerto.
Asimismo, la norma establece que la ANPyN actúa como Autoridad Portuaria Nacional y Unidad Ejecutora de la intervención, con el objeto de garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad portuaria y el cumplimiento de la normativa vigente.
En tal sentido, a partir de la fecha de vigencia de la referida Resolución, toda gestión, trámite, consulta operativa, administrativa o técnica vinculada al Puerto de Ushuaia deberá canalizarse ante la ANPyN, conforme los lineamientos y procedimientos que esta Autoridad Portuaria Nacional determine.
Asimismo, se informa que al momento de la presentación de las facturas correspondientes a los servicios prestados, los clientes deberán efectuar el pago exclusivamente mediante transferencia bancaria, debiendo transferir los importes al CBU indicado a continuación…”
El texto luego detalla que las transferencias deberán realizarse a una cuenta de la Administración General de Puertos S.A.U. en el Banco de la Nación Argentina y que los comprobantes deberán remitirse a la tesorería nacional para su imputación contable. Es decir, los recursos generados en el Puerto de Ushuaia salen directamente de la provincia sin afectación específica y sin control de los ingresos producidos y los gastos efectuados.
Así, el esquema impuesto por la intervención nacional no deja lugar a dudas: los fondos producidos por la actividad portuaria fueguina son desviados fuera de Tierra del Fuego y concentrados en organismos nacionales, sin ningún mecanismo que garantice su reinversión local. Para los abogados consultados, se trata de un cobro indebido encubierto, ejecutado bajo la figura de una intervención administrativa.
Finalmente, mientras la ANPyN argumenta que la medida busca garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad portuaria, crece el cuestionamiento político e institucional. La intervención del Puerto de Ushuaia no solo redefine quién administra el puerto, sino que consolida un modelo de centralización y desvío de fondos que vacía de recursos a la provincia y profundiza la pérdida de autonomía económica de Tierra del Fuego.
